La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ha pospuesto el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los siete imputados en la operación Nido para el próximo martes 9 de enero a las 9:00 de la mañana.
La decisión del juez Rigoberto Sena se fundamenta en la presentación de 30 nuevos querellantes el pasado sábado.El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Andrés Mena y la procuradora fiscal Sourelly Jáquez, explicó que el juez otorgó la oportunidad a los nuevos querellantes de notificar a la defensa técnica sobre estas nuevas querellas. Por lo tanto, la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción se llevará a cabo el martes 9, donde el juez escuchará a todas las partes involucradas.
Mena afirmó que el Ministerio Público estaba preparado para llevar a cabo la audiencia este sábado, pero con la incorporación de los nuevos querellantes, se incrementa el monto de la presunta estafa.
Con estas nuevas demandas, el número total de querellantes asciende a 117, y el total de querellas contra esta red supera las 300.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público alega que la estafa perpetrada por la red desmantelada asciende a más de 700 millones de pesos. Para lograr este objetivo, utilizaron los vehículos societarios Indisarq y SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, estableciendo un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de más de 300 víctimas que fueron engañadas con ofertas de viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios.
La investigación del Ministerio Público señala a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC, como imputados. La mayoría de los afectados son personas trabajadoras que, con sacrificios, aportaron importantes sumas de dinero para adquirir viviendas que nunca recibieron.
El Ministerio Público, a través de un comunicado de prensa, informó que Emmanuel Rivera Ledesma, uno de los imputados, inició maniobras para evitar que las víctimas se querellaran en su contra o retiraran las querellas existentes. También intentó que las víctimas firmaran nuevos contratos y realizaran acciones para obstaculizar la investigación, lo que demuestra la necesidad de imponer una medida de coerción para evitar la destrucción de evidencias y proteger a las personas estafadas.
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