Santo Domingo Este, República Dominicana. – Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra una mujer acusada de intentar introducir sustancias narcóticas al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
La imputada, identificada como Mercedes Ogando Montero, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones del caso.
Según el expediente presentado por el fiscal litigante Darío Almonte, el arresto de la acusada se produjo en flagrante delito el pasado 6 de junio de 2026, alrededor de las 10:00 de la mañana, en el área del comedor del CCR Las Parras.
Las autoridades explicaron que la mujer mostró una actitud sospechosa al percatarse de la presencia de miembros de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), lo que motivó una vigilancia más estrecha por parte de los agentes.
De acuerdo con las investigaciones, Ogando Montero ingresó al recinto penitenciario acompañada de una hija menor de edad y fue sorprendida cuando presuntamente intentaba entregar una funda a un privado de libertad identificado como Wilson Darío Volquez.
Durante la requisa, los agentes ocuparon una funda de papitas fritas de color amarillo que contenía una porción de un polvo blanco y una porción de un vegetal verde, ambos envueltos en fundas plásticas.
Las sustancias fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), cuyos análisis determinaron que se trataba de 131.46 gramos de cocaína clorhidratada y 20.74 gramos de Cannabis sativa (marihuana), conforme al Certificado de Análisis Químico Forense emitido por la institución.
Durante la audiencia, el fiscal litigante Tito Oseas González Ramírez presentó diversas pruebas que, según el Ministerio Público, vinculan directamente a la imputada con los hechos investigados.
La jueza Karen Casado acogió la solicitud del Ministerio Público e impuso la medida de coerción por presunta violación a los artículos 5 y 6, letra A; 28, 75 y 85, párrafo II, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar si existen otras personas involucradas en el intento de introducir sustancias ilícitas al recinto penitenciario.
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