El ingeniero Jaime Oscar González Hernández, Viceministro de Desarrollo Social del Ministerio de la Presidencia, designado mediante el decreto 330-20 emitido por el presidente Luis Abinader el 16 de agosto del año 2020,
es accionista y presidente de la empresa Ingeniería Avanzada SRL (INGASA), la cual fue contratada por la Procuraduría General de la República por un monto de RD$13,500,000 por «consultoría para la supervisión de obras del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Nueva Victoria»:La empresa del viceministro González resultó adjudicada el 26 de febrero del año 2019 del lote 2 del proceso PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0014. El contrato se firmó el 20 de marzo del año 2019.
Aunque hasta el momento no ha trascendido que la empresa del Viceministro esté vinculada al caso Medusa, en el mismo proceso se le adjudicó el lote 3 a la empresa Santos Padilla & Asociados SRL por RD$14,009,024.00 y el lote 5 a la empresa KABUL SRL por RD$19,654,758.00. Se recuerda que según el Ingeniero Antón Casasnovas, testigo del Ministerio Público, estas dos empresas le pagaron un total de RD$4,700,000 en efectivo por lograr introducirlas al Plan de Humanización del Sistema Penitenciaro.
El Ing. Casasnovas también le declaró al Ministerio Público que la empresa supervisora Kabul fue seleccionada por Rafael Canó, exjefe del gabinete del exprocurador, antes de abrir la licitación. Esta empresa lo contrató como asalariado para supervisar el lote de la empresa MAC Construcciones, ya que la ingeniera que presentaba los informes no los sabía hacer de manera que le «gustaran» a Jenny Marte (exencargada de Proyectos), quien era la que paraba los pagos de las cubicaciones.
De manera extraoficial ha trascendido que el viceminsitro Jaime Oscar González Hernández renunció a su cargo el día de hoy, pero la información no ha sido confirmada.
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